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Ricardo Monreal, voz de primera para entender a la cuarta, reconoció que el caso de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de República, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa, será una “prueba de fuego” para el Poder Judicial.

Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, consideró que el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas, ha suscitado una escalada de opiniones que oscilan desde las descalificaciones que afirman que no se dijo nada nuevo ni hay un cambio sustancial en la “verdad histórica”, hasta las más entusiastas que confían plenamente en que el documento traza la ruta hacia la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Agregó que merece más confianza Encinas que Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam, responsables directos de la versión anterior. Pero se asume que podría tratarse de un sesgo político considerando las militancias de uno y otros.

Rafael Cardona, en su cristalazo, consideró que, según la primera versión oficial de entonces, divulgada durante la administración de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos.
La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y el jefe de investigación Tomás Zerón.
Agrego que organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la "verdad histórica" no había "atendido adecuadamente la línea de investigación", demostrando la existencia de "una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano".

Rafael Cardona en su Cristalazo, consideró que la deuda que marcó al ex procurador, Jesús Murillo Karam fueron las fallas en la investigación del caso Ayotzinapa, el es creador de la llamada ‘verdad histórica‘.
Como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en la época de Peña Nieto se encargó de dar la versión del gobierno de lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Según la investigación que presentó Murillo Karam, los 43 estudiantes normalistas fueron detenidos por policías de Iguala, Guerrero, y después fueron incinerados en un basurero por un grupo delincuencial que operaba en la misma localidad. Sin embargo, esta versión ya se comprobó como falsa.