El podcast de Francisco Marhuenda

Todo el mundo conoce la triste historia de la orquesta del Titanic. La banda no dejó de tocar, aunque el famoso y trágico hundimiento era irreversible. Sus ocho miembros perecieron y solo se recuperaron tres cuerpos. Es fácil hacer un paralelismo con lo que está sucediendo en el PSOE, aunque por motivaciones exentas de cualquier atisbo de ética o dignidad. La dirección socialista ha cerrado filas alrededor de Sánchez, aunque solo faltó una ovación cerrada tras el desastre gallego. Es bueno que nos recuerden que es el presidente del Gobierno y Feijóo el líder de la oposición, porque parece que el sanchismo solo se siente cómodo ejerciendo la oposición contra el PP.

muestra una clara censura a Sánchez y su forma de gobernar. La participación fue muy elevada, por lo que se confirma el interés que tuvieron los votantes de acudir a las urnas. Al PP le fue muy bien. El intento de la izquierda política y mediática de cuestionar el liderazgo de Feijóo fue otra de esas burbujas que organiza La Moncloa con escaso éxito. A estas alturas, el radicalismo y frentismo del sanchismo solo le funcionó en las pasadas generales, pero ha cosechado un sonoro fracaso este domingo. El desastre socialista no es el resultado de sus cambios de liderazgos y otras interpretaciones voluntaristas de sus palmeros, sino de la sumisión a las formaciones nacionalistas.

El resultado de las elecciones gallegas deja claros ganadores y perdedores. La victoria del PP es clara y contundente. Ha sido un fracaso estrepitoso de la izquierda política y mediática que siguió con fe ciega la propaganda sanchista sobre un posible cambio. No solo no se ha producido, sino que Sánchez ha sufrido un enorme fracaso. Lo mismo le ha sucedido a su socia, la gallega Yolanda Díaz, que no ha conseguido que su formación entre en el Parlamento. Es una derrota sin paliativos, desde la perspectiva nacional, para el gobierno de coalición socialista comunista. Por su parte, el Bloque Nacionalista Gallego se ha convertido en el voto útil en la izquierda, aunque con una subida a costa del PSOE que ha sido insuficiente frente a la fortaleza del PP que consigue una mayoría absoluta holgada. A la derrota de Sumar cabe añadir la de Vox y Podemos que son, también, extraparlamentarios. Es evidente que no consiguen conectar con los votantes. Los que esperaban un desgaste para Feijóo se han encontrado con un efecto totalmente contrario. Es lo que sucede con los excesos que hemos vivido durante estos días.

No entiendo a Óscar Puente. Ha sido alcalde de Valladolid y ahora ministro, pero se comporta como un matón político al servicio del sanchismo. No es que critique a sus rivales, que es lógico y razonable, sino que lo lamentable es la forma con que lo hace. Es un estilo simplón y barriobajero de alguien que se denomina jurista, pero que actúa públicamente con una doble personalidad como sucede con el protagonista de Robert Louis Stevenson en su obra «El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde». En ocasiones resulta amable y dialogante, pero no tarda en sumarse a la peligrosa estrategia de la crispación que tanto complace a su líder. Al tratarse de una persona inteligente y formada en una prestigiosa universidad como es Valladolid, no hay duda de que ha elegido conscientemente esta línea macarra para transitar en la política española. No le ha ido mal porque cuenta con la confianza de su jefe y es, probablemente, el que está mejor situado para la sucesión. Sánchez y Puente se sienten cómodos en su comunión táctica y estratégica, porque el segundo llega a dónde le gustaría llegar al primero.

La izquierda política y mediática está muy nerviosa. La batalla de Galicia es fundamental en la estrategia de consolidación del Frente Popular sanchista. La estrategia diseñada por Moncloa se sustenta en repetir machaconamente que es posible que Pontón, una nacionalista radical partidaria de la autodeterminación, sea la presidenta gallega. Por supuesto, se adereza con la idea de que el PP puede perder Galicia y que los barones están muy inquietos. Como es habitual se acude a falsas fuentes del partido para justificar esas elucubraciones, aunque confunden los deseos con la realidad. No hay más que ver la escandalosa manipulación de la comida de Feijóo con periodistas que ha servido para que le llamen mentiroso e intentar compensar la sumisión con Puigdemont, Junqueras y Otegi. Es gracioso que lo digan aquellos que apoyan las mentiras de Sánchez. Los gallegos se juegan mucho este domingo, porque Galicia puede sumarse al sanchismo y la agenda del Grupo de Puebla. No es sustituir al PP, que ha gobernado con eficacia y rigor, sino apoyar una coalición de gobierno en la que el candidato socialista será el palmero de Ana Pontón.

Hay que reconocer que Sánchez tiene una capacidad ilimitada de hacer amigas y amigos independentistas mientras excluye a las formaciones constitucionalistas dentro de su estrategia de Frente Popular. Nadie puede rebatir que Junts, ERC, Bildu y el BNG son formaciones que defienden la autodeterminación para conseguir la independencia de sus respectivos territorios. Es evidente y no lo esconden. Están en contra de la Constitución y querrían acabar con la Corona, para instaurar una república confederal, como mínimo, o romper España, que es su objetivo final.

Puigdemont ha descubierto que la mejor forma de relacionarse con Sánchez es utilizar el chantaje más claro y directo. No hay que irse por las ramas. No es necesaria ninguna sutileza. El expresidente catalán sabe que no se puede fiar de su socio, porque no tiene ningún código ético que limite su acción política. Los ministros socialistas y los dirigentes yolandistas han salido en tromba para llamar mentiroso a Feijóo, con el consiguiente apoyo del aparato propagandístico de la izquierda mediática, cuando su jefe de filas la utiliza sin rubor desde que asumió la secretaría general del PSOE.

El escándalo alrededor de la tragedia de Barbate tiene su fecha de caducidad, porque no le interesa a la izquierda política y mediática. La razón es la adscripción socialista del ministro del Interior y su condición de pararrayos. No sucedería lo mismo si fuera del PP. En este caso tendríamos manifestaciones en las calles, querellas en los tribunales y una ofensiva mediática colosal. No hay más que ver el provecho que le están sacando a la mentira contra Feijóo sobre los indultos. RTVE está volcada y no descarto que hagan un programa de 24 horas para glosar la figura del pérfido líder del PP. Al final, el espíritu del canal temático del PSOE se reduce a la brillante frase de una de sus periodistas: «Eres un icono, presi, ¡te queremos!».

No tengo especial interés en que Marlaska dimita o en que no lo haga. La razón es que en el sanchismo nunca nadie dimite. Es una pérdida de tiempo reclamarlo. Sánchez nombra o cesa. Es un sistema arbitrario, porque te puede mantener siendo un inútil o cesar siendo una persona competente. No importan ni el mérito ni la capacidad, salvo que se incluya en este apartado la ciega lealtad al líder y la sumisión al aparato del partido. Marlaska no es un ministro quemado, sino incinerado. En algunos momentos me da la impresión de que arranca cada mañana la hoja del calendario a la espera de llegar a la jubilación.

Hay que reconocer que el aparato propagandístico del sanchismo aprovecha cualquier oportunidad. No voy a negar que el PP se enreda, a veces, con obviedades. Es evidente que si Puigdemont se entrega a la Justicia, es condenado, pide perdón, asegura que no lo volverá a hacer y solicita un indulto cumplirá las condiciones legales para que fuera estudiado. Otra cosa es que se le conceda o no. He defendido siempre que los políticos no deberían ser objeto de medidas de gracia por este tipo de delitos, entre los que incluyo la corrupción, pero es un derecho que otorga la Constitución y, por tanto, se puede ejercer. Estas obviedades jurídicas no significan que Feijóo esté dispuesto a indultarlo, porque, además, Puigdemont ni se arrepiente ni se entregará a la Justicia. Es un cobarde, pero no es tonto. Lo interesante es que los voceros gubernamentales han salido en tromba para asegurar que el PP estudió la amnistía, que está dispuesto a indultar a Puigdemont y que negoció con el Código Penal. Por supuesto, han acusado a Feijóo de mentiroso.

La razón es muy sencilla. La ética política no existe en nuestro país. La izquierda política y mediática tiene en la diana al primer ministro húngaro, Viktor Orban, porque lo consideran un ultraderechista, fascista, aliado de Putin y no se cuantas cosas más, pero no hay duda de que en ese país los políticos asumen la responsabilidad de sus actos. La presidenta de Hungría, Katalin Novák, ha dimitido tras cometer el error de indultar a un hombre implicado en abusos sexuales a menores. En España se aprobó la chapucera ley del solo sí es sí y no dimitió nadie. No solo eso, sino que sus impulsoras se sintieron muy orgullosas y culparon a los jueces y fiscales por no interpretar adecuadamente el espíritu de la ley. La ignorancia es una mala consejera y debían de pensar que los juristas han de actuar como brujos, chamanes o augures. Fue un proyecto de ley de un Gobierno presidido por Sánchez. Por tanto, un acto colegiado y no solo de las ministras de Podemos. El bloque de izquierdas en las Cortes se encargó de aprobarla con el aplauso de los medios de comunicación afines, pero resultó que favorecía a pederastas, violadores y acosadores sexuales.

En España sale muy barato incumplir las normas siendo el presidente del Gobierno. Es un contraste con lo que sucede en otros países de nuestro entorno donde los políticos son escrupulosos con el uso del dinero público y el respeto de las normas, tanto en el fondo como en la forma. Fue sancionado por abandonar el principio de «neutralidad política» tras anunciar en El Ferrol la construcción de un nuevo buque de la Armada.

Uno de los aspectos más interesantes de las elecciones gallegas es el futuro del yolandismo. El resultado que obtenga Sumar comportará, necesariamente, un debilitamiento o un reforzamiento de la figura de Yolanda Díaz. No parece que un fracaso le permita mantener una posición de firmeza en la amalgama de formaciones comunistas y antisistema que lidera. No hay que olvidar que es gallega. Todos sueñan, incluido Sánchez, en hacer presidenta de la Xunta a la radical Ana Pontón, aunque la todopoderosa izquierda mediática intenta presentarla como un dechado de virtudes y en cualquier momento nos dicen que es de centro. Nada que nos tenga que sorprender. Al PSOE no le importa, como en otros lugares de España, convertirse en el costalero de un nacionalismo que siempre ha coqueteado descaradamente con el independentismo y que está unido a los herederos de ETA. Lo único que les importa es el poder y clonar el Frente Popular que gobierna en España. Nunca he entendido por qué Pontón y sus colegas quieren la independencia de Galicia, ya que es el fundamento ideológico y objetivo político del BNG. Es un frente en el que participan la UPG, el MGS y el FOGA así como el colectivo Abrente y militantes que son afiliados independientes.

Estoy totalmente de acuerdo con el Fiscal General del Estado cuando pide que la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde, pueda elaborar «en paz» el informe sobre Tsunami. No tenemos que prejuzgar lo que hará y lo razonable es esperar a leerlo una vez lo concluya. Otra cosa es que en ese momento lo podremos criticar o aceptar. La verdad es que no lo tiene fácil, porque la realidad objetiva es que una mayoría abrumadora de los integrantes de la Junta de Fiscales del Supremo ve indicios de terrorismo en Tsunami y once de los quince respaldaron que se investigue a Puigdemont. Por tanto, Sánchez Conde afronta el reto más importante de su carrera porque si se suma a la posición de los fiscales de sala, cuya brillante trayectoria y solidez jurídica es incuestionable, se considerará algo normal. En cambio, hacerlo en sentido contrario necesitará de una solidez argumental apabullante. No es algo que se pueda resolver haciendo una simple faena de aliño, porque pedir que se impida investigar lo que el magistrado instructor considera indicios de terrorismo le acompañará el resto de su carrera profesional.

Hay que reconocer que Sánchez está dispuesto a cualquier medida con tal de complacer a Puigdemont. La última ocurrencia del aparato jurídico sanchista es reducir la fase de instrucción para que la investigación de Tsunami Democràtic no afecte a la proposición de ley de amnistía. No importa entrar en una nueva contradicción imponiendo una reforma exprés de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su día, el PSOE se opuso a la modificación que había hecho el gobierno de Rajoy en 2015 para limitar los plazos de instrucción judicial a seis meses y 18 para causas complejas. Era una medida razonable para acabar con las dilaciones, aunque podía ser un periodo insuficiente para las causas complejas. Finalmente, Sánchez, impulsado por el cortoplacismo de perjudicar al PP por los casos de corrupción, consiguió cambiarla en 2020 elevando el plazo máximo de investigación de seis a doce meses, pero prorrogable de forma ilimitada. Una vez más se perpetraba una chapuza jurídica, porque ni lo uno ni lo otro eran buenas opciones para llevar a buen término una instrucción. A estas alturas, no es aventurado afirmar que al PSOE y a sus socios les importa muy poco, por no decir nada, la calidad de los textos legales, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

La respuesta es sencilla. Es posible siempre que Sánchez acepte que sea un órgano independiente. No puedo asumir que conseguir este objetivo sea una quimera. La experiencia con Dolores Delgado en la Fiscalía General y de Conde-Pumpido en el Constitucional, por citar algunos ejemplos, genera una lógica desconfianza teniendo en cuenta que es, además, el primer presidente del Gobierno que defiende la mentira como forma de gestionar los asuntos públicos. Lo normal, siguiendo el criterio de sus socios preferentes, es que sea legítimo dudar de su palabra cuando nunca se sabe si miente o dice la verdad.

Sánchez concurrió a las elecciones con un programa y unos compromisos, pero perdió, aunque consiguió formar gobierno con el apoyo de los independentistas, los comunistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Todo acabó en la papelera y abrazó gozoso el radicalismo que le imponían sus socios.

La definición clásica de la separación de poderes establece la existencia de tres: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. En la época del Antiguo Régimen, y todavía en mayor medida si nos remontamos a la Edad Media, no existía. Había una confusión de Estados y todo giraba alrededor del soberano. Al margen de la interesante discusión académica sobre el feudalismo y su influencia en los reinos medievales hispanos, la Justicia era compleja en ese periodo, pero había una instancia máxima que era el rey. Tras escuchar a Sánchez y sus seguidores instalados en su lawesfera está claro que hay que volver a ese modelo de confusión de Estados y primacía del Ejecutivo que encontramos en la Edad Media.

Los jueces deben tomar nota. Sánchez se les ha adelantado al sentenciar que todos los independentistas catalanes serán amnistiados «porque no son terroristas». No hay más que hablar. Es cierto que es lo que le interesa en este momento, porque si tuviera una mayoría suficiente estos aliados tan incómodos sufrirían las consecuencias de su ira. Los dirigentes del PSOE, la izquierda mediática y los leguleyos sanchistas dirían, otra vez, que la amnistía es inconstitucional. No hay duda de que son personas de firmes convicciones. Con todo lo que está sucediendo, es una lástima que no se haya reformado la ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que instruyan, pero sobre todo tiene que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque les otorga demasiada autonomía. Los fiscales están para obedecer al Gobierno y más cuando está liderado por Sánchez. Ni independencia del Poder Judicial ni imperio de la ley, porque son conceptos obsoletos cuando se quiere acabar con la separación de poderes. Han de ser los diputados y el presidente que elijan, siempre que gobierne la izquierda, los que controlen a los jueces.

No le falta razón al catedrático Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial, al calificar de pesada a Míriam Nogueras por sus constantes e indocumentados ataques contra los jueces. La verdad es que se queda corto. Estamos en tiempos aciagos donde cualquier diputado o diputada sin ninguna formación jurídica puede aprovechar los privilegios e inmunidades de su cargo para insultar a prestigiosos magistrados que no hacen otra cosa que ejercer sus funciones jurisdiccionales. Nada que ver con los brillantes juristas que accedieron al Congreso de los Diputados. Nogueras es muy pesada, tiene un discurso simplón y es una gran ignorante en estos temas. Es posible que sea sabia en otros, pero lo desconozco.